Capítulo II - Marco Teórico

Consideraciones sobre la realidad guatemalteca:barreras institucionales

a)  Historia de injusticias: realidad de pobreza y discriminación

La violenta conquista española marcó profunda y definitivamente las instituciones y las relaciones sociales, económicas, políticas y étnico-culturales en Guatemala.  Los abusos y la segregación contra los pueblos indígenas se sistematizaron y legalizaron durante el prolongado período colonial.  Con la independencia surgieron mecanismos más sutiles y sofisticados de explotación laboral y expropiación de sus tierras.  En la República, los conservadores retomaban algunas de las políticas paternalistas de la Corona Española.  Cuando los liberales estaban en el poder se proclamaba la igualdad constitucional para obedecer la ley, servir a la patria y pagar los impuestos, pero sólo eran considerados ciudadanos los varones mayores de veintiún años, con renta, oficio o profesión que les garantizara la subsistencia. Saber leer y escribir también era un requisito para optar a la ciudadanía, pero el Estado había delegado en los finqueros la tarea de educar a los indígenas, lo que en la práctica significaba un nuevo tipo de encomienda.

Así mismo una serie de leyes secundarias contribuyeron a mantener a los indígenas fuera de la categoría de ciudadanos pues, como documenta Greg Grandin, la elite en el poder consideró a los indígenas como una fuerza laboral a ser movilizada, por lo que las reformas y decretos del Estado eran para aumentar el control social, romper la base de subsistencia de las comunidades indígenas y hacer disponible su tierra y trabajo para las necesidades del cultivo y exportación de café.⁶  Lo confirma Regina Wagner cuando explica que, en el período liberal, “la producción y exportación del café recibió todo el apoyo del Estado, tanto en la obtención de tierras como de almácigos, créditos y mano de obra barata suministrada por medio de instrumentos coercitivos institucionalizados.” Es decir que, tanto bajo el régimen colonial como republicano, de conservadores o liberales, los pueblos indígenas de Guatemala han estado sometidos a diversos mecanismo de servidumbre, sin posibilidades de acceder a plenos derechos ciudadanos.

Desde 1954, al truncarse la esperanza democrática que había germinado con la revolución del 44, el Estado de Guatemala aumentó su poder coercitivo para beneficio de quienes lo han capturado. 

Se continuó con la tradición centralista y autoritaria de la Colonia y de los gobiernos dictatoriales de la República, pero con el agravante de la ideología anticomunista que lo introdujo en el escenario mundial de la Guerra Fría.⁸  El conflicto armado interno iniciado en la década de 1960 dejó lamentables resultados, especialmente para los pueblos indígenas: cientos de miles de desplazados internos, decenas de miles de muertos y desaparecidos entre la población civil, miles de refugiados o exilados en el extranjero y cientos de aldeas destruidas.  Además del inmenso costo económico para toda la población, la erosión del capital social ha sido tan dramática que puede llevar varias generaciones el restablecimiento de los lazos de confianza y credibilidad entre la población para elevar los niveles de solidaridad y reciprocidad. Las instituciones formales (como la Constitución Política, las leyes ordinarias y sus regulaciones específicas) e informales (como los valores éticos y morales, los preceptos religiosos y otros códigos de conducta implícitos) se debilitaron aún más que en el pasado, pues se perdió respeto hacia ellas debido a que los ciudadanos sufrieron la persecución y abusos del Estado y del sistema jurídico que debían protegerlos.

Según el X Censo de Población realizado en 1994, el 42.8% de la población de Guatemala es Indígena. Sin embargo, algunos estudiosos afirman que los indígenas son aproximadamente el 60% de la población.¹³  Generalmente se acepta que en Guatemala “existen 23 comunidades étnicas que conforman 3 pueblos indígenas.  El pueblo indígena mayoritario es el de origen Maya que está conformado por 21 comunidades lingüísticas.  Los 2 pueblos restantes, Garífuna y Xinka, están constituidos, cada uno, por un grupo lingüístico minoritario.”¹⁴  Guatemala, además de ser un país donde conviven personas de diversas culturas, es un lugar donde la pobreza afecta a la mayoría de la población.  Utilizando el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con base al Censo de Población de 1994, se determinó que más del 60% de los hogares del país son pobres, es decir que tienen al menos una NBI, pero la pobreza afecta sobre todo a las comunidades indígenas del área rural donde el 72% de los hogares tiene al menos una NBI.¹⁶

b)  Carencias de los Acuerdos de Paz: visión de largo plazo y creatividad

Fuente: http://jorgepalmieri.com/2011/12/28/la-paz-que-se-firmo-hace-15-anos/

Los Acuerdos de Paz, especialmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, fueron novedosos al reconocer políticamente que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, pero hay preguntas fundamentales para el futuro del país que quedaron sin respuesta: ¿Cómo se construye una democracia multicultural? ¿Cuáles son las características del nuevo Estado multinacional que la realidad exige? ¿Qué tipo de instituciones se requieren para que las minorías étnicas y todos los pueblos indígenas y no-indígenas participen plenamente en la vida política?  Existen lagunas conceptuales, imprecisión en la definición de los objetivos y, sobre todo, hace falta la visión de largo plazo de las instituciones que hagan viable una democracia multicultural y un Estado multinacional.  Todas las soluciones y procedimientos propuestos en los acuerdos se enmarcan dentro de la institucionalidad vigente en el país.  La propuesta de reforma a la Constitución Política de la República sólo amplía ese marco institucional pero no lo recrea.  No eran cambios profundos, sino reformas.

Una probable explicación a esas limitaciones creativas de los Acuerdos de Paz es que, en el contexto de las negociaciones, era requisito indispensable acomodarse al orden jurídico –político establecido y no pretender modificarlo en esencia.  Eso era algo asumido por la URNG, que estaba renunciando al cambio violento de las estructuras, para integrarse a la vida política institucionalizada del país.  Era un acomodamiento en la nueva coyuntura local e internacional. 

Por parte de la representación gubernamental no se esperaban grandes innovaciones, pues el Estado ha sido el guardián del status quo.  Esa realidad de las negociaciones no permitió que los actores se atrevieran a repensar el Estado guatemalteco, a cuestionar el modelo democrático implementado desde 1985, o a sugerir los cambios radicales no-violentos que se necesitan para efectivamente corregir las injusticias pasadas y presentes.  El planteamiento de los acuerdos es de carácter reformista, por lo cual es difícil encontrar propuestas integrales y creativas con visión de largo plazo.  Sin embargo, no puede negarse que el resultado de las negociaciones fue positivo para la sociedad guatemalteca, pues se logró terminar con el enfrentamiento armado interno. 

Otro aspecto que continuamente se critica de los Acuerdos de Paz es que fueron el resultado de negociaciones entre un grupo muy específico y reducido, la URNG, y diferentes gobiernos.  Por un lado, se pone en duda la representatividad de la comandancia guerrillera. Por otro lado, los compromisos asumidos por las diversas comisiones que representaban al Gobierno de Guatemala nunca fueron formalizados como compromisos de Estado, sino que simplemente quedaron en compromisos políticos cuyo cumplimiento depende de la buena voluntad de los gobiernos posteriores.  Esto obstaculiza que los acuerdos sean apropiados por la población guatemalteca que, en general, los desconoce, o por los principales actores de la sociedad civil.  No existe un mandato popular o consenso político que empuje al Estado, como un todo institucional, a implementar completamente los compromisos adquiridos y trascenderlos para encontrar soluciones integrales y definitivas a los problemas históricos del país.  En gran medida, el cumplimiento parcial y gradual de los acuerdos ha ocurrido por la presión política y financiera de la comunidad internacional.

Al tomar conciencia de las limitaciones del proceso paz surge la inquietud sobre: ¿Qué actores definirán la agenda y llevarán el liderazgo en el debate político que permita repensar el país y no sólo reformarlo?  No es deseable, desde ningún punto de vista, que ocurran confrontaciones violentas para entonces proceder al diálogo político profundo.  Por el contrario, debe existir la capacidad de reconocer la urgente necesidad de debatir sobre los principales problemas del país, dentro de las reglas del juego establecidas, para hacer los cambios requeridos que garanticen una verdadera paz.

c)  Lenta consolidación de la democracia guatemalteca: peligro del retroceso

Guatemala avanza lentamente en el proceso de consolidación democrática.  La mayoría de analistas políticos están de acuerdo en que, al menos formalmente, se ha concluido la transición. 

No obstante, se ha caído en la falacia electoral, es decir que se cree que el necesario proceso de elecciones libres es suficiente para hablar de democracia.  Se ha adoptado una versión limitada del modelo de democracia representativa, en la cual la participación ciudadana termina en las urnas y luego se pasa a una etapa de delegación total del poder en manos de los legisladores y del Presidente de la República, quienes no enfrentan incentivos correctos para legislar y gobernar en beneficio de la población.  

Para saber el porqué la joven democracia guatemalteca está lejos de consolidarse se puede acudir al modelo propuesto por Juan Linz y Alfred Stepan,según el cual la democraciaconsolidada es la situación política en la cual la democracia es el único juego posible  en el país, lo cual sucede cuando: i. No hay un grupo significativo que atenta seriamente contra el régimen democrático o intente separase del Estado.  ii. A pesar de las severas crisis políticas o económicas, la mayoría de la población cree que el único cambio posible va a emerger de la fórmula democrática.  iii. Los actores políticos se habitúan al hecho que los conflictos políticos se resolverán acorde con las normas establecidas y que la violación de esas normas podría ser algo inefectivo y costoso.  iv. La democracia se convierte en una rutina y ha sido profundamente internalizada socialmente, institucionalmente e, incluso, psicológicamente.  Y cuando existe una sociedad civil beligerante y activa, una sociedad política relativamente autónoma y valorada, un estado de derecho, una burocracia funcional, y una sociedad económica institucionalizada. ²⁰

Dichos criterios de consolidación aún no se satisfacen plenamente en Guatemala. Peor aún, puesto que no impera la ley, el proceso de democratización es reversible.  El temor al retroceso hacia un régimen autoritario es justificado porque es común encontrar entre la población el fenómeno del “desencanto” con la democracia.  La democracia, tal y como se ha experimentado en Guatemala, se asocia negativamente con el crimen y la pobreza.  Dicho fenómeno puede ser explicado en parte, como Dinorah Azpuru sugiere, por los elevados niveles de delincuencia real y percibida y, sobre todo, por la falta de capacidad del sistema político para disminuirlos.  El impacto político del crimen se puede ver en el apoyo de los ciudadanos a gobiernos de manodura o líderes con dudosa vocación democrática. ²¹  También los resultados de las políticas económicas, adoptadas durante la actual etapa democrática, se relacionan con el desencanto, porque la pobreza y la desigualdad persisten. Las fallas y fracasos de la economía de libre mercado son también argumentos poderosos para una nueva generación de políticos populistas.  

d)  Supuestos de las políticas multiculturales: estado de derecho y democracia

La teoría sobre políticas multiculturales desarrollada en países como Canadá, Australia y Nueva Zelandia, especialmente en torno a los derechos de las minorías étnicas de inmigrantes y los pueblos indígenas, tiene como supuesto fundamental la preexistencia de una democracia liberal consolidada, donde prevalece el estado de derecho y opera un sistema judicial efectivo.  En esos países, dentro del marco de la CommonLaw, las Cortes consideran válidos los tratados firmados entre los primeros colonos y los pueblos indígenas, para resolver disputas sobre la propiedad de la tierra.  En Canadá, por ejemplo, el reconocimiento de los tratados coloniales es un poderoso incentivo para que los gobiernos provincial y federal negocien con las primeras naciones. Por otro lado, el sistema democrático funciona de tal manera que si los electores ponen atención a las demandas de los pueblos indígenas, los políticos se ven obligados a satisfacer dicha preferencia.  También los líderes indígenas han sabido tener presencia en los medios de comunicación para sensibilizar a la opinión pública sobre la realidad que padecen y los derechos que se les han negado.  Los valores fuertemente interiorizados por una población con sólida tradición democrática permiten que argumentos de principios, como justicia y equidad, impacten en los votantes y políticos.  Es decir que, ante una situación de injusticia, existe la suficiente sensibilidad para reaccionar en favor de una solución, pues hay exigencias éticas que resultan ser más convincentes que argumentaciones de rentabilidad económica o estabilidad política. 

Seguramente, también se dan consideraciones puramente técnicas, hay conflictos de intereses, juegos de poder y hasta cinismo político, pero todo está dentro del arreglo institucional democrático.

En el caso de Guatemala, se avanza lentamente en la consolidación democrática y nadie garantiza el no-retorno a regímenes no-democráticos.  Aún no es realidad el estado de derecho que permita las negociaciones justas y equitativas con los pueblos indígenas.  El sistema de justicia está en proceso de modernización y hace falta mucho camino por recorrer para que gane credibilidad.  Los políticos enfrentan incentivos perversos.  El sistema es sólo formalmente democrático pues no hay suficiente participación y es muy escasa la representación de los pueblos indígenas en la arena política.  Adicionalmente, la opinión pública no está sensibilizada respecto al problema de continua violación a los derechos de los pueblos indígenas.  En dicho escenario, es muy difícil utilizar los argumentos éticos de justicia y libertad.  Más complicado es encontrar incentivos para la negociación de buena fe entre el gobierno y los pueblos indígenas. 

El Estado ha sido capturado por la elite económica, criolla y mestiza, que no está dispuesta a negociar “privilegios” a los pueblos indígenas, pues ni siquiera les reconoce el status de pueblo, sino sólo de campesinos o comunidades de inditos, paisanos o naturales.  Otra diferencia fundamental, sin caer en determinismo o fatalismo, es la historia.  Aunque el sistema judicial funcionara aceptablemente, dado que la tradición jurídica es la del Derecho Romano, los escasos antecedentes de leyes o tratados anteriores a favor de los derechos y territorios indígenas no se pueden reivindicar.

III.     Análisis del debate político y étnico-cultural en Guatemala:barreras ideológicas

Para poder logar una democracia consolidada y multicultural es necesario reconocer las barrerasideológicas.  Sobre todo, es preciso superar las actitudes y prejuicios de las elites, para lograr un diálogo constructivo sobre las reivindicaciones y derechos de los pueblos indígenas.  Es importante analizar y criticar los diferentes discursos, de lo que también se ha denominado el debate inter-étnico, para hacer las preguntas relevantes, redefinir los términos y señalar los errores que impiden avanzar en la construcción de consensos; de tal manera que se pueda brindar a los interlocutores un mismo lenguaje y una base objetiva donde se construya la dialéctica de la vida política.  No se pretende hacer un riguroso estudio de todas las posturas.  Sólo se toman algunos de los argumentos del discurso que se opone a que en la legislación y en las políticas públicas existan derechos y acciones diferenciados en función de los pueblos indígenas.

Falacias más comunes en el debate político y étnico-cultural

“Indígena es lo mismo que campesino”

Cuando el discurso de la lucha de clases  llegó a Latinoamérica se encontró con un problema: nohabía proletariado.  El número de obreros era muy escaso para iniciar la revolución socialista, porque ni siquiera había ocurrido una revolución industrial.  En el sistema casi feudal de lo que había sido parte de la Corona Española, se necesitaba de otro actor: el campesinado.  De esta forma el binomio europeo capitalista-proletario, se transformó en terrateniente-campesino para el caso de latinoamericano.  Con la categoría de campesino se homogeneizó, para tratar de adaptar la realidad a la ideología, a los grupos que no poseían ningún poder económico ni político.  Se obvió por completo que en el subcontinente americano no había obreros sino pueblos indígenas. 

Se identificó al pobre como agricultor de subsistencia aunque su principal actividad económica fuera de otra naturaleza.  La visión economicista del marxismo no tomó en cuenta los factores culturales.  La identidad únicamente provenía de la conciencia de clase  y, necesariamente, la clase campesina tendría que luchar por la tierra y por abolir, contradictoriamente, la propiedad privada.  La exguerrilla guatemalteca reconoce que el desarrollo del movimiento insurgente se basó en la idea del “campesino” (durante las décadas de 1960 y 1970) pero luego, “sobre la reivindicación de la tierra, se desarrolló la reivindicación étnico-cultural” (en la década de 1980). Desde entonces, en el debate político y económico ha predominado la concepción del indígena como campesino, ligado fatalmente a la agricultura de subsistencia y, por lo tanto, dependiente exclusivamente de la tierra.  Sin embargo, esa identificación no es congruente con la realidad.  

En Guatemala, la tradición ancestral Maya respecto al comercio explica la importancia y sobrevivencia de instituciones como el día de mercado, que no sólo es un mecanismo eficaz para el intercambio mercantil, sino que se constituye en una auténtica manifestación cultural. El comercio de las comunidades indígenas es parte esencial de su vida económica, social y cultural. 

En muchos municipios del Altiplano Occidental se podría afirmar que la agricultura gira en torno al comercio y no a la inversa.  El comercio no sólo ha facilitado la movilidad social, sino que también se ha constituido en uno de los vínculos más importantes de las relaciones interculturales en el país.  La inmensa red de mercados indígenas es un testimonio vivo de la forma en que se enriquecen mutuamente las diferentes culturas.

Carol Smith también sugiere que es una falacia muy difundida la de que todo indígena es campesino, en el sentido de que depende exclusivamente del trabajo agrícola.  Para ella, el concepto de campesino podría ser entendido en forma más amplia:

“Para la mayoría de la gente del campo en Guatemala, ser campesino significa estar ubicado en un status particular y no ejercer una ocupación definida: es el status de ser gente rural, relativamente privada de poder y relativamente pobre, y que además trabaja un poco la tierra.”

Los indígenas de la Guatemala contemporánea son más que simples campesinos dependientes de la agricultura de subsistencia.  Si se dedican a las labores del campo no es por razones meramente culturales, sino porque ha habido una obligatoria división del trabajo dirigida desde el Estado, que los ha obligado a trabajar la agricultura de escasa productividad.  Es decir que a los pueblos indígenas no se les ha permitido desarrollar actividades comerciales, industriales o de servicios porque, en definitiva, no se les ha dejado en libertad para reproducir todos los elementos de su propia cultura y se les han negado las oportunidades.

Significados múltiples de los Acuerdos de Paz

Tocar temas relacionados con: pobreza, educación, género, área urbana y rural, aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, género, etnicidad, etc., constituyen un desafío muy basto para un país tan complejo como lo es Guatemala.

Nuestra historia se caracteriza por haber acumulado una gran desatención en temas fundamentales para el desarrollo de la población, que a fuerza de acumularse constituyen una agenda muy cargada para cualquier gobierno y proceso histórico.

Muchos de los problemas que padece la sociedad guatemalteca tienen su raíz en circunstancias heredadas, o perpetuadas interesadamente, desde la época colonial. La discriminación, la marginación, la exclusión, la vida antidemocrática, el autoritarismo, la falta de participación social, la represión, etc., son algunos de los  caracteres más significativos de la sociedad.

En lo político la falta de participación democrática ha hecho que el ejercicio del poder tenga un sesgo a favor de la clase dominante, pero de una manera extrema. Las dictaduras, asociadas indefectiblemente al poder económico agroexportador y de las transnacionales, han profundizado las desigualdades.

En medio de este escenario, los Acuerdos de Paz constituyen una esperanza, y una referencia inmediata para las alternativas de cambio, tan postergadas por mucho tiempo en el país.

Un factor concomitante que debe tenerse presente, es el apoyo y simpatía que han tenido los Acuerdos de Paz por parte de la comunidad internacional. Es un hecho que la comunidad internacional ha jugado un papel significativo para impulsarlos. En este sentido, vale la pena recordar, a manera de referencia, el rol que juega el denominado Grupo Consultivo, que de manera reciente ha cuestionado precisamente el cumplimiento de los Acuerdos de Paz del actual gobierno.

La sociedad guatemalteca se caracteriza por la existencia de diferentes formas y maneras de exclusión. Algunas de ellas tienen su expresión más clara en términos de pertenencia a género, ámbito geográfico y grupo étnico.

La exclusión debida a la pertenencia a un grupo, es decir, el ser hombre o mujer en la sociedad guatemalteca, establece las oportunidades educativas que pueda recibir la persona, evidenciándose así la existencia de un conjunto de factores que subyacen para establecer discriminación entre uno y otro grupo. Las causas que vedan esta oportunidad de recibir educación no son exclusivas del sistema educativo. Responden a todo un sistema de valores y apreciación de la condición femenina dentro del contexto social, de cómo se le vincula más directamente a las tareas domésticas y la visión que se tiene en cuanto a lo que será su rol como madre, esposa y servidora dentro del hogar.

La apreciación social termina siendo que la mujer, ya sea niña, adolescente o adulta, no merece las mismas oportunidades educativas que el hombre, puesto que su rol es más pasivo y definido a nivel familiar y social, ya que lo que se espera de ella no requiere de mucha formación formal: su desempeño habrá de circunscribirse al hogar y a la atención de los hijos.

Esta visión prejuiciada y tradicionalista sobre lo femenino, implica, como reiteradamente se ha demostrado a nivel sociológico, la perpetuación de las condiciones de subdesarrollo de la mujer, pero también la exclusión de un importante y mayoritario segmento de la sociedad guatemalteca, cuyo desarrollo y potencial aún se encuentra pendiente de cumplimiento a las puertas del nuevo siglo que apenas comienza.

Otra dimensión de la exclusión, se refiere a las diferentes oportunidades educativas con que se cuenta, atendiendo al área a que pertenezca y viva una persona.

En términos generales, las personas que viven en el área urbana tienen más oportunidades educativas que aquellas que se desarrollan en el área rural. No obstante esto, las diferencias se ven acentuadas dependiendo de la pertenencia al grupo de los hombres o de las mujeres. Por tanto, a las diferencias existentes en la sociedad guatemalteca por ser hombre o mujer, debemos añadir las diferencias surgidas por la pertenencia al área en que se desarrollen las personas, lo cual constituye otro factor de exclusión a las condiciones de vida de la población. Sin embargo, el grupo con mayor exclusión por causa del área en que vive, también es el de las mujeres. De esta manera, a la condición de ser mujer se suma como factor de exclusión el área en donde se vive, todo lo cual acentúa el poco acceso a la educación formal.

El otro aspecto que es necesario resaltar es el de la etnicidad. Esta otra dimensión de la exclusión en la sociedad guatemalteca, determina que la condición de las personas que pertenecen al grupo indígena, reciben menor atención educativa. Si a ello añadimos las dos dimensiones anteriores, se tienen completos todos los elementos que determinan la mayor y más acentuada discriminación para la mujer. Así, ser mujer, vivir en el área rural y ser indígena constituye la síntesis de todas las exclusiones que como grupo puede recibirse en la realidad guatemalteca.

Esto determina que las personas que reúnen esas tres características (mujer, rural e indígena) tienen el menor número de años de escolaridad.